Justicia a la carta

03 abril 2007

EL LOCO DE LA COLUMNA

ISMAEL MONZÓN

Justicia a la carta

Cada cuatro años los ciudadanos eligen a sus representantes. Los elegidos forman el poder ejecutivo, encargado de hacer cumplir las leyes y de ejercer el gobierno del Estado. A su vez, estos representantes pasan a ocupar sus asientos en el Congreso de los Diputados, el órgano en el que recae el poder legislativo, dedicado a aprobar las leyes. El último instrumento del Estado de derecho es el poder judicial, un mecanismo que se presupone independiente e imparcial, que tiene la labor de aplicar las normas jurí­dicas en la resolución de los conflictos. Este pueril resumen de la teorí­a de Montesquieu, que deberí­a aprenderse en los colegios, todaví­a no está interiorizado en el sistema polí­tico español.

Los vocales del órgano de Gobierno de los jueces, el CGPJ, tienen un mandato de cinco años. A pesar de que están elegidos por el Congreso y el Senado, en función de la representación de cada uno de los grupos, su duración va más allá de una legislatura para garantizar su independencia polí­tica. El 2 de noviembre terminó el mandato del actual consejo y desde entonces, el CGPJ continúa en funciones, a la espera de una renovación que nunca termina de llegar.

La actual mayorí­a conservadora es un caramelo del que el PP no se quiere desprender fácilmente. La mayorí­a absoluta que ostentaba en su anterior legislatura le permitió formar un consejo a su antojo, que es el que hoy sigue en vigor. A pesar del cambio de Gobierno, no era posible formar un nuevo órgano de los jueces acorde con la nueva composición parlamentaria hasta noviembre del año pasado, pero han pasado ya casi cinco meses desde que expiró su mandato y el PP sigue sin hacer el más mí­nimo esfuerzo por configurar un nuevo poder judicial.

El 14 de marzo de 2004 fue el dí­a más aciago para el PP desde la llegada de Aznar a la dirección del partido. Nunca reconoció su derrota en las urnas y desde entonces ha hecho lo imposible para demostrar que la “estrategia conspirativa” del PSOE es la única razón de que Zapatero ocupara su asiento de Presidente. Desmentidas por la justicia todas las acusaciones sobre el 11-M, qué mejor estrategia para el PP que deslegitimar a jueces y fiscales. Especialmente bochornosas son las crí­ticas al Fiscal General del Estado por el caso De Juana y la exculpación de Otegi, que han llevado a los populares a pedir su dimisión. El clima que propaga el PP provoca que la imparcialidad con la que la que debe trabajar el poder judicial sea prácticamente imposible.

Pero si ya es grave la presión sobre los jueces, más peligroso es aún intentar controlarlos. La recusación del magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps, y la forma en la que se produjo, es una muestra de que el PP persigue conseguir a través de la justicia lo que no consigue a través de la polí­tica. El Paí­s publicaba hace unos dí­as que el grupo popular sólo aceptarí­a un nuevo Consejo del Poder Judicial en el que tenga nueve vocales, lo que le otorgarí­a minorí­a de bloqueo. Cierto o no, el PP ni mueve ficha ni la piensa mover. Cuanto más se prolongue la renovación mejor, pues podrá llegar a las próximas elecciones de 2008 con un consejo todaví­a en funciones, en disposición de ajustarse a la nueva mayorí­a parlamentaria. Desde Génova, la confianza en que esa mayorí­a sitúe a Rajoy en el poder es inmensa.

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