El ejecutivo de Vicente Aroca pone como excusa la Ley de Protección de Datos. “Esa Ley no se creó para limitar el principio de publicidad de las Administraciones Públicas”, alerta un experto en Derecho. El alcalde sí­ pudo incumplir una norma similar a la que ahora se agarra con la instalación de cámaras de videovigilancia

CRÓNICA LA RODA.- El Ayuntamiento de La Roda, controlado por el Partido Popular desde hace 22 años, ha dado un paso más en su estrategia de ocultar información de interés público a los ciudadanos. Hace unos dí­as, sin previo aviso, desaparecieron de la página web municipal todas las actas de las Juntas de Gobierno de los últimos años. El ejecutivo de Vicente Aroca se limitó a publicar un mensaje sumamente confuso en el que se pone como excusa la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Lo cierto es que esta decisión de restringir el acceso de los ciudadanos a la información municipal se produce tras la publicación de varias noticias relacionadas con aspectos abordados en las reuniones de la Junta de Gobierno y acuerdos firmados por el propio Vicente Aroca, como el sobrecoste de Ramón y Cajal (El Ayuntamiento pagó a SAICO 168.000 euros más de los presupuestados pese a existir varios informes en contra). En las actas de las Juntas de Gobierno también se recogí­a el número de las horas extras pagadas a la Policí­a Local (y que desembocó en una agria polémica en el Pleno anterior) o algunos de los errores del equipo de Gobierno que han costado dinero a las arcas municipales (una zanja no señalizada que causó desperfectos en un vehí­culo). Gracias a las actas de las Juntas de Gobierno también se supo que el Ministerio de Fomento habí­a pedido a Vicente Aroca que arreglase de una vez por todas un paso a nivel del término municipal de La Roda. Tras la publicación de estas informaciones, el equipo de Gobierno ordenó restringir el acceso a las actas.

La ley exige transparencia

Tal y como establece la Ley 30/92 de Régimen Jurí­dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “las actuaciones de las Administraciones son públicas, como principio general, y en aras a la transparencia de las mismas”. La legislación aplicable a las entidades locales así­ lo corrobora en el artí­culo 207 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí­dico de las Administraciones Locales, (ROF), el cual establece que “todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativos de los acuerdos de los Órganos de Gobierno y Administraciones Locales, así­ como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artí­culo 105 b de la Constitución”. Este mismo artí­culo dispone que la denegación o limitación de este derecho (….) deberá verificarse mediante resolución motivada.

Fuentes jurí­dicas consultadas por este periódico han alertado de que “la Ley de Protección de Datos no se creó para limitar el principio de publicidad de las Administraciones Públicas, pues de lo contrario todas las administraciones podrí­an escudarse en esta norma para ocultar todas sus resoluciones”.

“Por ejemplo, todas las sentencias dictadas por los Juzgados y Tribunales son públicas, (hay editoriales que se dedican a la publicación de las sentencias de las audiencias provinciales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional) y en ellas siempre aparecen reseñados particulares”, explican estas fuentes. “La intimidad de esos particulares puede ser salvada, como se hace forma habitual, indicando tan solo sus iniciales, que es lo que podrí­a hacer el Ayuntamiento para salvar cualquier problema o supuesta colisión con la Ley de Protección de Datos. Aunque, realmente, eso tampoco serí­a necesario porque un particular, cuando acude a una Administración Pública, debe de ser consciente de que ésta actúa bajo el principio de publicidad de sus actuaciones y resoluciones y por lo tanto el particular no puede ampararse en la Ley de Protección de Datos para evitar que se tenga conocimiento de su actuación”, sentencian con total claridad.

Ayuntamientos de la zona sí­ publican estas actas

Pese a que el Gobierno municipal recurre a la Ley de Protección de Datos para justificar la eliminación de las actas de Gobierno, los expertos en Derecho consultados aseguran que esa Ley no impide, ni mucho menos, la publicación de los documentos. Otros ayuntamientos de la zona, de hecho, sí­ publican en sus páginas web las actas de lo debatido por el equipo de Gobierno (Albacete, Almansa, San Clemente…).

La intimidad que Vicente Aroca pretende salvaguardar ahora es la misma que estuvo en entredicho con su gestión al colocar, al menos, una cámara de videovigilancia sin los permisos correspondientes que exige la Ley 4/1997. Después de que este periódico desvelase la noticia, el alcalde tuvo que admitir que instaló la cámara sin las autorizaciones necesarias, imprescindibles para evaluar el impacto que este mecanismo puede tener sobre la intimidad de los ciudadanos.

La oposición, hasta la fecha, no ha denunciado la eliminación de estas actas de las Juntas de Gobierno, que supone un paso decisivo en la estrategia diseñada por el alcalde para ocultar los aspectos más comprometidos de su gestión.

LEA EL EDITORIAL DE CRÓNICA DE LA RODA